martes, 4 de septiembre de 2012

Hay proyectos mineros en marcha por 28 mil millones de dólares con Estudio de Impacto Ambiental aprobados


Perú tiene proyectos mineros en curso y con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados por 28,000 millones de dólares y las postergaciones de algunos otros se refieren a proyectos que no han sido completamente explorados y no tienen EIA, aseguró el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

Destacó el impulso que han ganado las inversiones mineras en el país y la proyección que tienen pese a la fase de suspensión en que ha entrado el proyecto Conga.

Dijo que no se puede negar que lo ocurrido en Cajamarca con Conga ha creado una expectativa en el sector minero sobre qué va a pasar con las inversiones en el país, pero aseguró que otros proyectos de igual importancia continúan en curso.

“Seguimos trabajando en otros proyectos, como Quellaveco con un acuerdo notable en base al diálogo con el gobierno regional y las fuerzas sociales, con el agua por delante, con desarrollo de proyectos transversales y un fondo social”, argumentó.



Recordó que también se aprobó la ampliación de la mina Cerro Verde por 4,700 millones de dólares, Antapaccay que es un proyecto de 1,700 millones y está con el 80 por ciento de construcción, avanza Las Bambas y Toromocho está en pleno desarrollo, además del proyecto Constancia que está en Cusco, la ampliación de Antamina y muchos otros proyectos.

El ministro enfatizó que Perú debe seguir siendo un país competitivo, sobre todo en cobre, y no solamente fijarse en el proyecto Conga pues el resto de proyectos en cartera también son importantes.

Indicó que con el levantamiento del estado de emergencia en Cajamarca se abre un escenario de reflexión y sentido común en esa región, considerando que Cajamarca está cada vez más pobre a pesar de los recursos que tiene del canon.

Aseguró que el gobierno continuará apoyando la construcción de los reservorios de agua que ha emprendido Minera Yanacocha, antes de continuar con el proyecto Conga, pues eso no es negociable considerando que hay 70 comunidades que esperan mini reservorios y canales, y la discusión política no puede primar sobre el combate a la pobreza.

“Como país debemos actuar dentro del marco de la ley. Aquí hay un inversionista privado que tiene sus derechos y el Estado tiene que proteger esos derechos, porque si no entraríamos en una anarquía”, puntualizó Merino.

Fuente: [Andina].

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