Gobierno advirtió que no publicará nuevas normas para atender a pedidos de Doe Run
(ANDINA). El gobierno advirtió a la empresa Doe Run Perú que no publicará algún nuevo dispositivo legal para atender los pedidos que hizo como condición para reiniciar las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya antes del 27 de julio, informó hoy el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
“En la reunión de ayer (lunes), el ministro (de Energía y Minas), Pedro Sánchez, fue tajante diciendo que (Doe Run) diga si va a reiniciar sus operaciones porque los cuatro puntos que han pedido son inaceptables y no va a merecer ningún dispositivo adicional por parte del MEM ni del Poder Ejecutivo”, dijo el viceministro de Minas, Fernando Gala.
Doe Run pide flexibilidad para el pago de impuestos, flexibilidad en el pago de multas aplicadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y que no se le aplique los estándares mínimos ambientales fijados por el Ministerio del Ambiente (Minam) a algunas actividades que realiza.
El cuarto pedido consiste en modificar el contrato de privatización del Complejo Metalúrgico de La Oroya con la finalidad de poner una cláusula que proteja a los accionistas de Doe Run de ser acusados por daños ambientales y que ello sea asumido por el Estado peruano.
El viceministro indicó que el gobierno peruano ya ha dado todas las facilidades para que Doe Run reinicie sus actividades pero no se aprobarán normas para atender estos cuatro puntos.
“La empresa ha pedido (durante la reunión de ayer) que no le nieguen esa posibilidad y que van a seguir insistiendo con estos cuatro puntos”, reveló.
Sin embargo, señaló que Doe Run tendrá que reflexionar y cambiar su posición porque si se mantiene en pedir estos cuatro puntos entonces no habría reinicio de operaciones.
“La empresa ha dicho que tiene avances con sus proveedores y financistas pero ya es momento de que muestre al MEM y sus trabajadores dónde están los contratos y el acuerdo de financiamiento porque con eso tendremos la certeza de que se van a reiniciar operaciones, y mientras no veamos esos documentos estamos en una incertidumbre”, enfatizó.
Explicó que el reinicio de operaciones del complejo no será tarea fácil ya que se debe realizar una etapa de pruebas que demandarán entre 15 y 20 días, por lo que si la empresa quiere reiniciar sus operaciones el 27 de julio entonces tendrá que empezar la fase de prueba en los primeros días del próximo mes.
“Si en los primeros días de julio no se comienzan a prender los hornos (del complejo) entonces quiere decir que no habrá reinicio de operaciones”, advirtió.
Gala reiteró el compromiso del gobierno de ayudar a los 3,500 trabajadores de Doe Run en caso no se reinicien las operaciones en La Oroya y la alternativa que planteó el MEM fue capacitarlos para que puedan ser contratados por otras empresas mineras.
“H recibido en mi despacho a algunas empresas que me han manifestado su voluntad de conocer el perfil del trabajador de Doe Run”, declaró a TV Perú.
Recordó que en los próximos dos años se ejecutarán inversiones por 14,000 millones de dólares en Perú en nuevos proyectos mineros por lo que se va a generar demanda de mano de obra para la construcción y operación de las nuevas minas.
Otra alternativa que se tiene para ayudar a los trabajadores es que alguno de los acreedores de la empresa pida la reorganización de Doe Run ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que pueda tomar control del complejo de La Oroya.
“Estas dos alternativas las conversaremos con los trabajadores para afinarlos y no descarto buscar otras alternativas”, refirió el viceministro.
“En la reunión de ayer (lunes), el ministro (de Energía y Minas), Pedro Sánchez, fue tajante diciendo que (Doe Run) diga si va a reiniciar sus operaciones porque los cuatro puntos que han pedido son inaceptables y no va a merecer ningún dispositivo adicional por parte del MEM ni del Poder Ejecutivo”, dijo el viceministro de Minas, Fernando Gala.
Doe Run pide flexibilidad para el pago de impuestos, flexibilidad en el pago de multas aplicadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y que no se le aplique los estándares mínimos ambientales fijados por el Ministerio del Ambiente (Minam) a algunas actividades que realiza.
El cuarto pedido consiste en modificar el contrato de privatización del Complejo Metalúrgico de La Oroya con la finalidad de poner una cláusula que proteja a los accionistas de Doe Run de ser acusados por daños ambientales y que ello sea asumido por el Estado peruano.
El viceministro indicó que el gobierno peruano ya ha dado todas las facilidades para que Doe Run reinicie sus actividades pero no se aprobarán normas para atender estos cuatro puntos.
“La empresa ha pedido (durante la reunión de ayer) que no le nieguen esa posibilidad y que van a seguir insistiendo con estos cuatro puntos”, reveló.
Sin embargo, señaló que Doe Run tendrá que reflexionar y cambiar su posición porque si se mantiene en pedir estos cuatro puntos entonces no habría reinicio de operaciones.
“La empresa ha dicho que tiene avances con sus proveedores y financistas pero ya es momento de que muestre al MEM y sus trabajadores dónde están los contratos y el acuerdo de financiamiento porque con eso tendremos la certeza de que se van a reiniciar operaciones, y mientras no veamos esos documentos estamos en una incertidumbre”, enfatizó.
Explicó que el reinicio de operaciones del complejo no será tarea fácil ya que se debe realizar una etapa de pruebas que demandarán entre 15 y 20 días, por lo que si la empresa quiere reiniciar sus operaciones el 27 de julio entonces tendrá que empezar la fase de prueba en los primeros días del próximo mes.
“Si en los primeros días de julio no se comienzan a prender los hornos (del complejo) entonces quiere decir que no habrá reinicio de operaciones”, advirtió.
Gala reiteró el compromiso del gobierno de ayudar a los 3,500 trabajadores de Doe Run en caso no se reinicien las operaciones en La Oroya y la alternativa que planteó el MEM fue capacitarlos para que puedan ser contratados por otras empresas mineras.
“H recibido en mi despacho a algunas empresas que me han manifestado su voluntad de conocer el perfil del trabajador de Doe Run”, declaró a TV Perú.
Recordó que en los próximos dos años se ejecutarán inversiones por 14,000 millones de dólares en Perú en nuevos proyectos mineros por lo que se va a generar demanda de mano de obra para la construcción y operación de las nuevas minas.
Otra alternativa que se tiene para ayudar a los trabajadores es que alguno de los acreedores de la empresa pida la reorganización de Doe Run ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para que pueda tomar control del complejo de La Oroya.
“Estas dos alternativas las conversaremos con los trabajadores para afinarlos y no descarto buscar otras alternativas”, refirió el viceministro.
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